Activista ambiental muerto en la zona oaxaqueña
Oaxaca es uno de los Estados de México donde los activistas por el medioambiente corren mayor riesgo. Esa es la razón de que la muerte de Filogonio Martínez Merino, un hombre que luchaba en contra de dos proyectos hidroeléctricos, el de Paso de la Reyna y el de Río Verde, se esté investigando como homicidio, aunque la Fiscalía diga que no hay signos de violencia en el cadáver. Martínez Merino fue encontrado sin vida este miércoles, en la zona de Piedra Blanca, de enorme peligro para quienes defienden el medio ambiente. De los 54 asesinados que situaron a México el año pasado como el país más mortífero para los defensores de la naturaleza, 10 ocurrieron en Oaxaca, entre desapariciones y muertes.
Martínez Merino iba con su camioneta desde La Humedad a Paso de la Reyna, una de las comunidades que más se ha enfrentado a los proyectos hidroeléctricos en el río Verde. Son apenas 500 habitantes, pero ya hace 15 años que están organizados y ninguna de las dos presas ha podido construirse. Eso le costó la vida el año pasado a cinco miembros del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, Copudever, según cuenta Angélica Castro, de la organización Educa, que acompaña todos estos procesos. “No ha habido un solo detenido por aquellas muertes, la Fiscalía no está haciendo su tarea”, acusa. Hoy, la zona está otra vez de duelo. A Martínez Merino, de “unos 50 o 55 años”, según Angélica, lo mataron a plena luz, sobre las tres y media de la tarde.
Los vecinos de Paso de la Reyna viven al lado del río, por lo que siempre han temido que la construcción de una presa para la generación de energía eléctrica acabara desplazándolos de su territorio. En 2006 se anunció ese proyecto, a cargo de la Comisión Federal de la Energía (CFE). “Ellos negaron que la población fuera a ser desplazada, pero son ribereños, lo lógico es que eso ocurriera. Tenían previsto que la cortina de la presa alcanzara los 190 metros, luego lo fueron rebajando, pero es natural pensar que serían inundados”, dice Castro.
El segundo proyecto, del que se supo en 2018 y contra el que se levantaron estos pueblos, pretende también generar energía hidroeléctrica en otro tramo del río Verde, en este caso es la empresa privada Energy quien planea el negocio. “Se trata de planes extractivos que no solo van contra el medio ambiente, también contra la forma de vida de las comunidades, por eso desde 2007 están todos los pueblos unidos”, sigue Castro. Y la característica de los miembros de Copudever es que, además de activistas, suelen ser autoridades agrarias, ejidales, como lo fue Martínez Merino en 2008. “El año pasado, Paso de la Reyna pidió protección colectiva porque temían por sus vidas. Se le concedió en abril la vigilancia con rondines de la Guardia Nacional un par de veces por semana, pero, según nuestros compañeros allá, eso no se cumplió”, critica Castro.
El riesgo aumenta o desciende dependiendo de quién esté al frente de la presidencia municipal en Jamiltepec, localidad cercana a la muy famosa playa de Puerto Escondido, que recibe millones de visitas al año. “Ahora las autoridades de Jamiltepec están a favor de los proyectos hidroeléctricos, pero en otras ocasiones han estado en contra, como las comunidades”, dice Castro. “Lo ven como una forma de negocio, tienen industria de extracción de grava del río”, asegura la activista de Educa. “Hay un cacicazgo muy viejo en la región”, se queja.
La pequeña comunidad de Paso de la Reyna es muy activa contra estos proyectos, y lo está pagando caro. El año pasado perdieron a cinco personas, entre quienes estaban Fidel Heras Cruz y Jaime Jiménez Ruiz. El río Verde baja ensangrentado sin que las empresas tengan que mancharse las manos. Es el negocio, para unos, y el medioambiente, para otros, lo que siembra cadáveres zonas como esta, sin que las autoridades arresten a nadie.
Hubo un tiempo en que eran Brasil o Colombia las naciones que encabezaban la lista de muertos por la defensa de un modo de vida que inevitablemente se alteraría con proyectos extractivos. Ahora es México el país más mortífero en este capítulo, según el último informe de la organización internacional Global Witness, que lleva la cuenta anual de estos crímenes: 2021 concluyó con 54 personas asesinadas por razones de tierra y recursos: unas veces se trata de proyectos hidroeléctricos, otras de tala, minería o animales en peligro de extinción. El caso es que el mayor peligro siempre lo corren aquellos que se ponen enfrente de las grandes empresas o de las autoridades locales que se pliegan a esos proyectos.
Global Witness señala que la mitad de los que perdieron la vida el año pasado eran indígenas y más de un tercio está considerado como desapariciones forzosas. La organización documentó el asesinato de 1.733 activistas durante la última década en el mundo, el 68% en América Latina.