Ataque en centro de rehabilitación irregular en Salamanca reaviva la crisis de los “anexos” en Guanajuato
Un violento ataque a balazos en un centro de rehabilitación irregular en las afueras de Salamanca, Guanajuato, dejó un saldo de cuatro personas muertas y cinco heridas la noche del lunes 1 de octubre. Según las autoridades locales, un grupo armado irrumpió en el establecimiento, conocido comúnmente como “anexo”, y abrió fuego contra los internos, dejando una estela de muerte y caos. El motivo del ataque aún se desconoce, y ni la Fiscalía ni la Secretaría de Seguridad estatal han brindado mayores detalles sobre lo ocurrido.
Los hechos
El ataque se produjo en la colonia El Rosario, ubicada en las afueras de Salamanca, un municipio que en los últimos años ha sido escenario de múltiples actos de violencia. Testigos afirman que los agresores derribaron el portón del centro de rehabilitación y comenzaron a disparar indiscriminadamente contra las personas presentes. Algunos de los internos trataron de escapar o protegerse, pero el saldo final fue trágico: cuatro muertos en el lugar y cinco más gravemente heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos.
Tras el ataque, los criminales se dieron a la fuga a bordo de vehículos, arrojando “poncha llantas” para evitar ser perseguidos por las autoridades. A pesar de los esfuerzos de la policía municipal y la Guardia Nacional, no lograron dar con los responsables del atentado, según un comunicado emitido por el Gobierno local, encabezado por el morenista César Prieto. Las autoridades han señalado que el centro de rehabilitación operaba de manera irregular, como ocurre con la mayoría de los “anexos” en el estado.
Los “anexos”: centros en la mira del crimen organizado
Este ataque no es un caso aislado en Guanajuato, un estado que ha visto cómo los centros de rehabilitación, o “anexos”, se han convertido en blancos recurrentes de la violencia en los últimos años. Los “anexos” son espacios destinados a la rehabilitación de personas con problemas de adicciones, pero la gran mayoría de ellos operan sin regulación ni supervisión. De acuerdo con la Comisión Nacional de Adicciones (Conadic), de los aproximadamente 3,000 centros de rehabilitación en todo el país, solo 400 cumplen con los requisitos legales para funcionar. En Guanajuato, solo 13 de 300 centros están debidamente regulados.
La falta de control y la opacidad en el funcionamiento de estos establecimientos han hecho que los “anexos” se conviertan en una opción de último recurso para familias de escasos recursos que buscan ayuda para sus seres queridos. Sin embargo, estos lugares no solo carecen de estándares adecuados de atención, sino que también han sido frecuentemente objeto de ataques violentos por parte de grupos criminales.
Uno de los casos más graves ocurrió en Irapuato en 2020, cuando un ataque a un centro de rehabilitación dejó 28 muertos, convirtiéndose en uno de los hechos más violentos de los últimos años. Desde entonces, se han registrado múltiples incidentes similares en todo el estado, como el ataque en Celaya en 2022, donde cuatro personas fueron asesinadas en un “anexo”.
La crisis de violencia en Guanajuato
El estado de Guanajuato se ha convertido en el epicentro de la violencia en México. Con 3,746 asesinatos registrados en 2023, es el estado con más homicidios en el país, aunque la cifra ha mostrado una leve reducción en comparación con años anteriores. La violencia en la región está impulsada principalmente por la lucha entre grupos criminales que se disputan el control del tráfico de drogas, especialmente metanfetaminas, y el robo de combustible, un negocio ilícito que ha florecido en la zona debido a la presencia de oleoductos y refinerías.
La ciudad de Salamanca, sede de una refinería de Petróleos Mexicanos (Pemex), ha sido un punto estratégico en esta guerra por el control del “huachicol”, como se conoce al robo de combustible. El ataque en el centro de rehabilitación se suma a la larga lista de episodios violentos que han dejado a la población de Guanajuato atrapada en medio de una sangrienta batalla entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad.
Implicaciones y respuestas
El ataque en Salamanca pone nuevamente sobre la mesa la falta de regulación y supervisión de los centros de rehabilitación en México, así como el fracaso de las políticas de seguridad en el estado. A pesar de los constantes esfuerzos de las autoridades locales y federales, la violencia parece incontrolable. La reciente renuncia del fiscal estatal, Carlos Zamarripa, después de 15 años en el cargo, refleja el agotamiento de las estrategias de seguridad implementadas en Guanajuato.
El nuevo gobierno federal, liderado por Claudia Sheinbaum, ha señalado a Guanajuato como una de sus principales prioridades en materia de seguridad. Sin embargo, el desafío es inmenso, y los ciudadanos continúan esperando soluciones a una crisis que ha desbordado todos los límites.