México rechaza fallo de EE.UU. sobre armas
Cancillería cuestiona desestimación de demanda histórica
Buscan responsabilizar a fabricantes por violencia en México
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), manifestó su desacuerdo con la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de desestimar la demanda civil interpuesta contra fabricantes de armamento. Esta acción legal, presentada en 2021 ante la Corte Federal de Distrito de Boston, tenía como objetivo frenar el tráfico ilícito de armas provenientes del país vecino.
La jueza Elena Kagan argumentó que México no presentó pruebas suficientes que vincularan directamente a las empresas con el comercio ilegal de armas. Además, sostuvo que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) protege a los fabricantes como Smith & Wesson frente a este tipo de demandas.
Frente a esta decisión, la SRE emitió un comunicado en el que rechazó el fallo. Indicó que las compañías estadounidenses contribuyen de forma indirecta al fortalecimiento de grupos delictivos en México, al permitir la circulación de armas de alto poder hacia el sur de la frontera.
México continuará su batalla legal en otras cortes
La Cancillería mexicana explicó que la Corte estadounidense no evaluó todos los elementos presentados, especialmente el argumento de “proximidad del daño” (proximate cause). Afirmó que el gobierno mexicano aportó evidencia suficiente para establecer una conexión entre los fabricantes y la violencia provocada por el uso de sus productos en territorio mexicano.
Asimismo, el gobierno aclaró que esta resolución no afecta la segunda demanda, presentada en octubre de 2022 ante la Corte Federal de Distrito de Tucson, Arizona. En este caso, el país demandó a cinco tiendas específicas por supuesta negligencia en el control de ventas. El proceso continúa su curso y actualmente se encuentra en la etapa de producción de pruebas.
La SRE recalcó que la lucha para reducir el tráfico ilícito de armas sigue siendo una prioridad nacional e internacional. Además, recordó que el caso ha generado atención en foros internacionales y que espera una opinión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema.
México insistirá en usar todos los mecanismos diplomáticos y jurídicos a su disposición. El objetivo es sentar precedentes que permitan responsabilizar a actores comerciales cuando sus productos cruzan ilegalmente la frontera y terminan en manos del crimen organizado.
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