Detienen a alcaldesa de Capulhuac por agresión a funcionaria
La Fiscalía mexiquense presentó a Selenne “N” tras presunta agresión a psicóloga del DIF
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo este 24 de junio a la presidenta municipal de Capulhuac, Selenne “N”, como parte de una investigación por una presunta agresión física contra una funcionaria del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Según fuentes al interior de la Fiscalía consultadas por Infobae México, la alcaldesa fue aprehendida en flagrancia luego de resistirse a su detención, por lo que será presentada ante la autoridad judicial dentro del plazo constitucional de 48 horas.
Señalamientos por agresión en el DIF
La detención surge a raíz de una denuncia interpuesta por Miriam “N”, psicóloga adscrita al DIF municipal, quien aseguró haber sido golpeada por la presidenta municipal, en complicidad con su hija y una oficial identificada como Ana “N”.
El incidente habría ocurrido el pasado 2 de mayo dentro de las instalaciones del DIF Capulhuac. La funcionaria afectada grabó un video difundido en redes sociales, donde hizo pública su denuncia y expresó temor por su integridad física, al mismo tiempo que solicitó a las autoridades actuar conforme a derecho.
En el testimonio, Miriam “N” responsabilizó directamente a la edil, así como a las otras dos implicadas, de cualquier daño que pudiera sufrir. La difusión del video generó presión social y mayor atención al caso por parte de organizaciones civiles y usuarios en redes, quienes exigieron una investigación clara y protección para la denunciante.
Investigación en curso
Hasta el momento, ni la presidenta municipal de Capulhuac, ni su hija, ni la oficial Ana “N” han emitido alguna postura pública sobre los hechos o sobre la detención. La Fiscalía estatal, por su parte, ha informado que mantiene abierta la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes y garantizar justicia para la denunciante.
El caso se suma a una serie de señalamientos recientes contra funcionarios públicos por presuntos actos de violencia laboral o de género, lo que ha motivado un llamado por parte de colectivos feministas y defensores de derechos humanos para establecer protocolos más efectivos de prevención y atención en los entornos institucionales.