Emiten orden de captura contra ex candidata de Amecameca
¿Qué delitos enfrenta Olivia Carrillo?
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó que existe una orden de aprehensión contra Olivia Carrillo N., ex candidata a la presidencia municipal de Amecameca y esposa del diputado local Iván Millán Contreras.
La ex candidata es señalada por delitos graves, entre ellos:
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Fraude
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Robo
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Desvío de recursos públicos
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Lavado de dinero
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Tráfico de influencias
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Despojo de propiedades
De ser encontrada culpable, Carrillo podría enfrentar hasta 50 años de prisión. Tras conocerse la investigación, intentó cerrar sus redes sociales y eliminar evidencia digital, de acuerdo con autoridades ministeriales.
¿También investigan al diputado Iván Millán?
La fiscalía informó que analiza posibles responsabilidades políticas en contra del legislador Iván Millán Contreras, esposo de Carrillo. Se están revisando nuevos elementos de prueba que podrían ampliar la investigación hacia el llamado clan Millán–Calleja, presuntamente vinculado a corrupción y enriquecimiento ilícito.
La dependencia aseguró que el proceso continúa y que pronto se dará a conocer información sobre la búsqueda y localización de la ex candidata.
¿Qué impacto tiene este caso en la región?
En la región oriente del Estado de México, donde se encuentra Amecameca, la noticia ha generado preocupación ciudadana. Habitantes de la zona de los Volcanes piden mayor vigilancia sobre el uso de recursos públicos y sanciones a quienes resulten responsables.
De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación, durante 2024 se detectaron más de 600 millones de pesos sin comprobar en programas sociales e infraestructura dentro del estado.
Este caso se suma a otros procesos abiertos por presunto desvío de recursos, lo que ha provocado afectaciones administrativas y obras inconclusas en varios municipios.
La FGJEM reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la justicia y con combatir la corrupción a todos los niveles. La evolución del caso será clave para evaluar la respuesta institucional ante delitos de alto perfil político.