Autoridades identifican a ACME como organización criminal con fachada de sindicato en el huachicol del agua
El operativo “Caudal”, desplegado en 48 municipios del Estado de México para combatir el llamado huachicol del agua, reveló una compleja red de corrupción y tráfico ilegal del líquido vital. Entre las organizaciones señaladas por las autoridades, destaca ACME, una supuesta agrupación sindical que operaba bajo una fachada de legalidad mientras lucraba con la distribución irregular de agua.
De acuerdo con la investigación, el costo regulado promedio por cada 10 mil litros de agua para uso doméstico es de mil 131 pesos; sin embargo, el líquido era vendido con sobreprecio: 59 % más caro en Ecatepec, 41.4 % en Cuautitlán, 32.42 % en Tlalnepantla y casi 10 % en Toluca. El agua provenía de pozos clandestinos y no pasaba por ningún proceso de potabilización, únicamente era clorada de forma rudimentaria, lo que podría haber provocado riesgos a la salud pública.
Las investigaciones indican que ACME y otras agrupaciones como USON, Los 300, Libertad, 25 de Marzo, 22 de Octubre y Chokiza controlaban la distribución mediante pipas sin permisos, algunas de gran capacidad tipo tráiler, conocidas como “salchichas”. Los operadores obligaban a la ciudadanía a comprar el agua exclusivamente a sus afiliados, utilizando logotipos y calcomanías para identificar sus unidades.
La Mesa de Paz del Estado de México confirmó que las acciones fueron perpetradas por “organizaciones sociales con fachada de sindicatos”. En este contexto, ACME fue identificada como una de las principales responsables, al ser señalada por miles de familias de Cuautitlán Izcalli por manipular la entrega de agua “supuestamente potable”.
Fuentes de la Fiscalía del Estado de México informaron que ACME ya contaba con un expediente abierto por actividades delictivas, por lo que su vinculación con el huachicol del agua refuerza las sospechas de una estructura criminal bien organizada.
El descubrimiento representa un golpe directo a la operación de ACME y pone sobre la mesa la urgencia de que las autoridades federales, estatales y municipales lleven a los responsables ante la justicia. Mientras tanto, las comunidades afectadas exigen que se castigue a los responsables y se garantice el acceso a agua limpia y segura, libre del control de grupos que han convertido una necesidad básica en un negocio ilícito.