🩸 Michoacán: siete alcaldes asesinados durante la actual administración estatal
Durante el actual gobierno estatal encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, Michoacán ha registrado la ejecución de siete presidentes municipales de distintas filiaciones políticas, sin que hasta el momento se hayan esclarecido los casos ni se reporten detenciones relacionadas con los responsables.
🔴 Una constante de violencia política
De acuerdo con reportes oficiales y recuentos periodísticos, desde 2022 hasta la fecha los municipios afectados se distribuyen en diversas regiones del estado, lo que refleja la extensión de la violencia contra autoridades locales.
Los alcaldes que perdieron la vida en distintos ataques armados son:
- Enrique Velázquez Orozco, Contepec – 2022
- César Arturo Valencia Caballero, Aguililla – 2022
- Guillermo Torres Rojas, Churumuco – 2024
- Yolanda Sánchez Figueroa, Cotija – 2024
- Salvador Bastida García, Tacámbaro – 2025
- Martha Laura Mendoza Mendoza, Tepalcatepec – 2025
- Carlos Alberto Manzo Rodríguez, Uruapan – 2025
Todos los casos permanecen bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE), sin resultados concluyentes hasta el momento.
⚠️ Alerta sobre la inseguridad en el ámbito municipal
La reiteración de ataques contra alcaldes en funciones ha generado preocupación entre asociaciones de municipios, partidos políticos y organismos de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo que enfrentan los funcionarios locales al desempeñar sus labores en zonas con presencia de grupos armados y conflictos territoriales.
Diversos especialistas señalan que Michoacán concentra uno de los niveles más altos de violencia política en el país, especialmente en regiones donde convergen disputas criminales, tensiones sociales y procesos electorales próximos.
📌 Sin avances en las investigaciones
Pese a los múltiples pronunciamientos oficiales, hasta el momento ninguno de los homicidios ha sido esclarecido públicamente. Las familias de las víctimas y las comunidades afectadas han exigido justicia y protección para los servidores públicos municipales, mientras las autoridades mantienen bajo reserva los avances de las indagatorias.