Sacerdote causa polémica en Zacatlán Comunidad denuncia al párroco por uso indebido de recursos
En la comunidad de Jicopala, Zacatlán, Puebla, el caso del sacerdote usa el diezmo para financiar salidas personales desató una fuerte polémica entre feligreses y habitantes. La denuncia surgió el 20 de noviembre de 2025 después de que vecinos exhibieron fotografías donde el párroco Francisco Javier López Flores aparece en actitudes cariñosas con una mujer que, según los testimonios, sería una de sus varias parejas. La imagen sorprendió a la comunidad y provocó cuestionamientos sobre la transparencia y responsabilidad del manejo de los recursos de la iglesia.
A partir de estas revelaciones, diversos habitantes señalaron que el sacerdote, conocido localmente como “El Mil Amores”, solicitó de manera constante mayores aportaciones económicas para las actividades parroquiales. Estos apoyos, según versiones de la comunidad, financiaron regalos, viajes y detalles personales. Asimismo, algunos ciudadanos afirmaron que el párroco aprovechó su posición para obtener beneficios que no correspondían a funciones pastorales. Estas declaraciones aumentaron el malestar social y reforzaron el rechazo hacia sus acciones.
Además, la comunidad destacó que el sacerdote usa el diezmo y otras colaboraciones entregadas por los fieles con fines que aparentemente no tenían relación con actividades religiosas. Este punto generó molestia porque los habitantes aportaron donativos con la intención de apoyar las capillas, el mantenimiento del templo y las acciones pastorales. Ante estas acusaciones, los feligreses solicitaron una respuesta clara y directa por parte de las autoridades eclesiásticas, con el fin de esclarecer el uso de los recursos administrados por el sacerdote.
Por otro lado, la creciente presión social llevó a pobladores y representantes de la comunidad a exigir la intervención de la Arquidiócesis de Puebla. Pidieron una investigación formal que determine si existieron irregularidades y que se establezcan consecuencias para mantener la credibilidad de la institución religiosa en la región. La congregación también expresó la necesidad de contar con mayor rendición de cuentas para evitar futuros abusos. De esta manera, los habitantes insistieron en que la autoridad eclesial tome medidas concretas, ya que consideran este caso como un llamado a revisar de forma interna los procesos administrativos de la Iglesia local.
Finalmente, este episodio planteó un debate amplio sobre la conducta de quienes representan la fe en las comunidades rurales. El caso resaltó la importancia de la congruencia entre el discurso espiritual y la conducta privada, especialmente cuando existe la responsabilidad de gestionar recursos provenientes de la propia feligresía. Además, el hecho evidenció cómo la comunidad se mantiene vigilante ante la búsqueda de transparencia y honorable ejercicio de autoridad moral.