Juez ordena abrir archivos del caso Ayotzinapa
Ordenan a Defensa entregar 853 folios clave
Un juzgado federal instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar 853 folios relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ocurrida en 2014.
La resolución fue emitida por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, tras un recurso promovido por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Los documentos fueron generados por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CFRI) durante el año en que ocurrieron los hechos.
El fallo establece que la información solicitada no puede clasificarse como confidencial ni secreta, debido al interés público preponderante que existe en el esclarecimiento del caso. Además, señala que la falta de continuidad en los registros no demuestra su inexistencia, sino que puede indicar que los documentos obran en poder de autoridades militares y deben ser entregados.
¿Qué implica la resolución judicial?
La decisión judicial representa un nuevo capítulo en las exigencias de transparencia sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la investigación del caso. Desde hace años, familiares de los estudiantes y organismos internacionales han solicitado acceso a registros de inteligencia militar correspondientes a septiembre de 2014.
La desaparición de los 43 normalistas ocurrió la noche del 26 de septiembre de ese año en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero. Las investigaciones oficiales han señalado la presunta participación de integrantes del crimen organizado en colusión con autoridades locales.
Diversos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes han apuntado posibles omisiones y falta de entrega total de información por parte de instancias castrenses.
Hasta el momento, la Sedena no ha emitido una postura pública sobre el fallo judicial.
Detienen a exfuncionario vinculado al caso
En un hecho paralelo, el Gabinete de Seguridad confirmó la detención de Mauro Antonio Mosso Benítez, exsecretario de Tránsito de Iguala, por su presunta participación en delincuencia organizada y probable vínculo con el caso.
De acuerdo con las investigaciones, el exfuncionario habría utilizado el teléfono celular de uno de los estudiantes desaparecidos después de los hechos. La captura se realizó mediante una orden de cateo en un inmueble del fraccionamiento Villas del Rey, donde autoridades aseguraron armas, cartuchos, presunto narcótico y dispositivos móviles.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Defensa.
El fallo judicial y las recientes detenciones reactivan la atención pública sobre uno de los casos más emblemáticos en materia de derechos humanos en México, a más de una década de los hechos.
