Ejidatarios denuncian intento de despojo en Huehuetoca
Acusan apoyo judicial a particulares en disputa de tierras
El Ejido de Huehuetoca denunció un intento de despojo de aproximadamente 70 hectáreas de sus tierras, en una disputa que involucra a la familia Pérez Lizaur y al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10 de Tlalnepantla. Fundado en 1925, el ejido está integrado por más de mil propietarios, quienes exigen la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar un proceso justo y transparente, libre de intereses particulares.
De acuerdo con representantes del comisariado ejidal —entre ellos Benjamín Feregrino, José Luis Orozco y Juan Velázquez— el pasado 4 de junio personal judicial acudió al predio con la intención de ejecutar una orden de ocupación. Sin embargo, los ejidatarios impidieron el acto tras presentar mapas certificados que acreditan su propiedad legítima sobre el terreno.
No obstante, recordaron que en 2023 el Tribunal falló en su contra dentro del expediente 810/2011, emitiendo una orden para tomar posesión de las tierras con apoyo de elementos de la Guardia Nacional. Aseguran que este fallo ignoró sus pruebas y favoreció a la familia Pérez Lizaur, a quien acusan de utilizar documentos inconsistentes para acreditar la propiedad.
Los ejidatarios han solicitado el apoyo urgente de la Presidencia de la República y de la Procuraduría Agraria. En su declaración, afirmaron: “Pedimos a la presidenta de México que intervenga con base en su compromiso con la justicia y el humanismo. No se puede permitir el abuso del poder judicial en favor de intereses privados”.
La familia Pérez Lizaur, encabezada por Joaquín Pérez Lizaur, ha sostenido desde 2011 que las tierras les pertenecen. Para ello han presentado documentos presuntamente firmados por Jacobo Pérez Barroso (fallecido), aunque los ejidatarios señalan que estos contienen coordenadas inexactas, escasa legibilidad y contradicciones con los archivos del Registro Agrario Nacional.
Como prueba en su defensa, los ejidatarios han presentado un documento de 1982 donde el propio Jacobo Pérez Barroso reconocía que el predio no le pertenecía y que lo entregaba al ejido. Además, cuentan con respaldo documental del INEGI y del programa PROCEDE que, aseguran, refuerza su legítima propiedad sobre el terreno.
“El poder económico no debe estar por encima del derecho. Nuestra lucha es legal y pacífica, pero firme. Exigimos que se respeten nuestras tierras y se detenga cualquier intento de despojo”, concluyeron.