Indignación en Tamaulipas: Asesinan al activista Gabriel Hernández tras retiro de su protección oficial
El activista Gabriel Hernández Tovar, empresario y miembro del Colectivo 10 de Marzo, fue asesinado a balazos en Reynosa, Tamaulipas, tras años de denuncias por amenazas de muerte. Su cuerpo fue localizado dentro de su camioneta, con múltiples impactos de arma de fuego, tras ser interceptado por un grupo armado, presuntamente relacionado con una célula delictiva.
Este crimen ha generado conmoción entre colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y organizaciones de derechos humanos, que acusan al Estado mexicano de negligencia por retirar su protección apenas seis días antes del ataque.
¿Quién era Gabriel Hernández?
Gabriel Hernández no era solo un empresario. Era un incansable activista por los derechos humanos, reconocido por su participación en la búsqueda de personas desaparecidas en una de las regiones más golpeadas por la violencia criminal. Formaba parte del Colectivo 10 de Marzo, una organización que desde hace años trabaja para localizar a familiares desaparecidos, documentar casos y exigir justicia.
Su compromiso personal surgió tras haber sido secuestrado en 2021 por una célula delictiva, experiencia que marcó su vida y lo llevó a alzar la voz ante autoridades locales y federales.
Retiran protección judicial sin explicación previa
En respuesta a las amenazas que enfrentaba, un juez federal ordenó medidas de protección permanentes para Hernández. Sin embargo, estas fueron retiradas sin notificación oficial, denuncia Delia Quiroa, fundadora del colectivo.
“La protección se canceló seis días antes de su asesinato. Nadie nos explicó por qué. El Estado nos está dejando morir”, reclamó Quiroa en conferencia de prensa.
Este retiro de medidas de protección ha sido catalogado como una falla institucional grave y ha reactivado el debate sobre los mecanismos de defensa para activistas y defensores de derechos humanos en México.
“La protección debe ser automática, no póstuma”
Colectivos de búsqueda y familiares de desaparecidos en México condenaron el crimen y alertaron sobre la repetición de patrones de impunidad. Edith González, presidenta del colectivo Amor por los Desaparecidos, fue contundente:
“La protección para los buscadores debe ser automática. No cuando ya están muertos. Esto no fue un accidente: fue un abandono deliberado”.
Organizaciones como Amnistía Internacional y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos han exigido una investigación independiente, así como una reestructuración urgente de los esquemas de protección federal y estatal.
Silencio oficial ante una tragedia anunciada
Hasta el momento, ni el Gobierno de Tamaulipas ni autoridades federales han emitido una postura oficial sobre el asesinato de Gabriel Hernández ni sobre la razón del retiro de su custodia.
Este silencio institucional ha sido interpretado por los colectivos como una forma de complicidad y ha avivado las críticas sobre la falta de voluntad política para proteger a quienes exponen la violencia del crimen organizado y del propio sistema judicial.