Crimen organizado contamina Sierra Gorda con mercurio
Investigación revela contrabando masivo y daño ambiental sin precedentes
Una reciente investigación de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) reveló una operación internacional de contrabando de mercurio sin precedentes, ejecutada por crimen organizado desde la Sierra Gorda de Querétaro. Esta red ilegal logró traficar cerca de 200 toneladas de este metal tóxico hacia Sudamérica, generando ganancias superiores a los 8 mil millones de dólares y provocando un daño ambiental y humano de gran magnitud.
La investigación, publicada el 24 de julio de 2025 y titulada “Los traficantes no dejan piedra sin remover”, documenta cómo el crimen organizado tomó control de cinco minas de mercurio ubicadas en una de las reservas naturales más importantes del país. La organización criminal convirtió lo que alguna vez fue una actividad artesanal en una operación casi industrial. Durante el proceso, fortificaron la zona con torres de vigilancia, cámaras de seguridad, cercas con alambre de púas y presencia constante de hombres armados, consolidando así un dominio territorial absoluto.
Red sofisticada y devastación ambiental
Entre 2019 y 2025, los responsables construyeron una red de contrabando altamente efectiva. Disfrazaban el mercurio como “material de construcción” y lo exportaban desde puertos mexicanos como Manzanillo y Veracruz hacia países como Bolivia, Colombia y Perú. Esta maniobra permitió eludir múltiples inspecciones aduanales, incluidas aquellas con rayos X.
El auge de la minería de oro ilegal en Sudamérica incrementó la demanda de mercurio, pues es un insumo esencial para extraer el metal precioso. Un minero entrevistado por la EIA explicó: “No hay oro sin mercurio”, lo que resume la dependencia de esta sustancia. El precio del mercurio alcanzó los 330 dólares por kilogramo en mayo de 2025, lo que generó enormes márgenes de ganancia. Se calcula que hubo al menos 50 exportaciones sospechosas durante este periodo.
Las consecuencias ambientales son alarmantes. La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, patrimonio natural de la UNESCO, presenta niveles de contaminación por mercurio 150 veces superiores a las normas mexicanas en áreas residenciales y hasta 1,400 veces más altas en sedimentos fluviales. El impacto en la salud pública ya es evidente: una comunidad entera sufrió intoxicación tras consumir agua de un río contaminado.
Complicidad política y modelo criminal expandido
El informe también documenta vínculos con figuras políticas. La EIA identificó a Alejandra Pulido Briseño, exdiputada federal y exfuncionaria estatal, como socia sentimental y financiera del presunto líder de la operación. Esto refuerza la tesis de una estructura delictiva con conexiones institucionales.
La EIA afirma que esta actividad ilícita forma parte de una nueva estrategia del crimen organizado en América Latina: la “trifecta oro-mercurio-drogas”. Este modelo integra actividades como el narcotráfico, el contrabando de metales pesados y la explotación minera ilegal, diversificando ingresos y ampliando su poder territorial.
A pesar de que México ratificó el Convenio de Minamata en 2017, la falta de regulación efectiva permitió al crimen organizado aprovechar el periodo de gracia para explotar la minería de mercurio. La ONU calificó la situación como una violación a los derechos humanos, al exponer a comunidades enteras a una de las diez sustancias más tóxicas del mundo.