Empresarios del Edoméx bajo presión por extorsión
Empresarios del Edoméx bajo presión por extorsión.
¿Cómo afecta la extorsión a los negocios?
La extorsión se ha convertido en un obstáculo crítico para los empresarios del Estado de México, quienes denuncian que este delito actúa como una “segunda renta” que ahoga sus finanzas. Según el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, encabezado por Mauricio Massud Martínez, la presión de grupos criminales ha llevado al cierre de negocios, a la pérdida de empleos y al debilitamiento de la economía local.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que hasta el 31 de julio se habían registrado mil 548 denuncias por este delito, siendo febrero el mes más crítico con 302 casos. Aunque estas cifras reflejan la magnitud del problema, aún falta contabilizar las denuncias correspondientes a agosto.
¿Qué consecuencias genera este delito?
El impacto de la extorsión va más allá del ámbito empresarial. De acuerdo con Massud Martínez, la imposición de cuotas ilegales afecta a toda la cadena productiva y repercute directamente en la sociedad, ya que cada negocio que cierra representa la pérdida de empleos y el deterioro del patrimonio familiar.
El líder empresarial señaló que muchos afectados evitan presentar denuncias por temor a represalias, lo que dificulta enfrentar la problemática de manera integral. En este sentido, insistió en que se debe recuperar la confianza ciudadana para fortalecer el número de reportes ante las autoridades y frenar la expansión del delito.
¿Qué acciones se proponen para frenar la extorsión?
El Consejo de Cámaras manifestó su respaldo a la próxima discusión de la Ley General contra la Extorsión en el Congreso de la Unión, pero advirtió que la solución no depende solo de nuevas disposiciones legales.
Massud Martínez destacó la necesidad de que los gobiernos estatales asignen recursos propios e inteligencia, además de promover la denuncia ciudadana a través de canales como la línea 089. Sin embargo, también advirtió sobre un problema estructural: la corrupción en centros penitenciarios, desde donde surgen numerosas llamadas de extorsión que siguen golpeando a los empresarios.
Ante este panorama, el sector privado del Estado de México exige acciones coordinadas y concretas entre autoridades y sociedad para reducir el impacto de la delincuencia organizada. La prioridad, afirmaron, debe ser proteger el empleo, la inversión y la estabilidad social, que hoy se ven amenazados por un delito que asfixia a miles de negocios.
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