Cuestionan contrato millonario otorgado por ANAM
¿Qué motivó el señalamiento a la adjudicación?
La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) otorgó un contrato por 551 millones de pesos a la empresa Umami Ingeniería Especializada, S.A. de C.V., lo que ha generado fuertes cuestionamientos por posibles conflictos de interés y falta de transparencia en el proceso.
El contrato, firmado el 31 de julio, contempla el mantenimiento de equipos de rayos X no invasivos instalados en diversas aduanas del país. Para su financiamiento, la ANAM utilizó recursos del Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA), un fondo que tiene como objetivo impulsar mejoras en infraestructura y seguridad en materia de comercio exterior.
¿Por qué se sospecha de conflicto de interés?
De acuerdo con una investigación publicada por el medio El CEO, la empresa beneficiada guarda vínculos directos con exfuncionarios del C5 de la Ciudad de México, quienes trabajaron en ese organismo durante la gestión de Claudia Sheinbaum. Uno de ellos es Jesús Daniel Pérez González, actual propietario de Umami Ingeniería, quien se desempeñó como director de Tecnología del C5 capitalino.
Pérez González colaboró de forma cercana con José Peña Merino, hoy titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Además, otros funcionarios relacionados con Umami —Carlos Meléndez Sagahón y Arturo Jeshván Alcántara Villanueva— también formaron parte de ese equipo, lo que intensifica las dudas sobre la imparcialidad en la adjudicación del contrato.
¿Qué irregularidades se detectaron?
El caso ha generado más controversia porque, al momento de la firma del contrato, Umami Ingeniería no cumplía con varios de los requisitos establecidos. Entre ellos, se menciona la falta de experiencia comprobable y un capital social insuficiente, ya que la empresa se constituyó apenas en mayo de 2024 con un monto de 50 mil pesos, cuando se exigía un mínimo de 2.5 millones.
También se identificaron documentos con fechas contradictorias, cartas de exclusividad dudosas y cotizaciones con posibles alteraciones. A pesar de ello, Peña Merino defendió la legalidad del proceso y subrayó que la contratación se realizó bajo criterios técnicos para garantizar el control y la interoperabilidad de los sistemas tecnológicos.
Sin embargo, los cuestionamientos persisten y han llevado a que la prensa y la opinión pública mantengan bajo vigilancia a la ANAM y a otras instancias del gobierno involucradas, ante la posibilidad de que el caso derive en una investigación formal por posibles actos de favoritismo o corrupción.