Sobrino de Caro Quintero recibe más de 11 años
Condena por drogas y armas de uso exclusivo
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo una sentencia de 11 años y 10 meses contra Carlos Retes Quiñones, sobrino de José Caro Quintero, por delitos relacionados con drogas y armas de uso exclusivo. La acción judicial forma parte de los esfuerzos del gobierno federal para combatir el crimen organizado en el país.
Carlos “R” fue señalado por posesión simple de cocaína y MDA, así como por portar armas y cargadores exclusivos del Ejército. Las autoridades destacan que su captura contribuye a frenar la circulación de armas de alto poder y drogas ilícitas.
En febrero de 2023, elementos de la Guardia Nacional detuvieron al sobrino de Caro Quintero en Chetumal, Quintana Roo. Durante el operativo, aseguraron un arma corta, un fusil, un aditamento lanzagranadas, 259 cartuchos, 11 cargadores, 271.9 gramos de cocaína, 44 comprimidos de MDA, un chaleco balístico, nueve teléfonos celulares, documentación diversa y un vehículo.
Con base en estas pruebas, un juez del Centro de Justicia Penal Federal en Quintana Roo dictó la sentencia correspondiente. Las autoridades indicaron que este fallo evidencia el trabajo coordinado entre la FGR y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para reducir la presencia del crimen organizado y su capacidad de operación.
José Caro Quintero, conocido como “El Pelo Chino” o “Jogil”, es sobrino de Rafael Caro Quintero y ha sido identificado como uno de los principales generadores de violencia en Sonora, especialmente en Caborca y Guaymas. Su relación familiar con líderes históricos del narcotráfico ha llamado la atención de las autoridades, que vigilan de cerca la evolución de estos grupos criminales familiares.
El caso de Carlos Retes Quiñones refleja la importancia de mantener investigaciones rigurosas y arrestos fundamentados para enfrentar el tráfico de drogas y la portación de armas de alto poder. Además, demuestra cómo las acciones judiciales buscan enviar un mensaje claro sobre la intolerancia a la impunidad en delitos vinculados al crimen organizado.
Mientras la sentencia se ejecuta, las autoridades continúan reforzando operativos en distintos estados para prevenir la proliferación de drogas y armas. Las medidas incluyen vigilancia, cateos y procesos judiciales que buscan desarticular redes de criminalidad complejas, contribuyendo a la seguridad nacional.