Denuncia ignorada: idioma deja indefensa a niña indígena
Una profunda indignación social estalló en la Sierra Norte de Puebla después de que una niña indígena de 12 años no lograra denunciar un presunto abuso sexual el mismo día de los hechos. La familia acudió el 24 de noviembre a la Fiscalía Regional de Huauchinango, pero la institución no avanzó con la querella porque la menor habló náhuatl, su lengua materna. Ningún funcionario comprendió su relato y la ausencia de un traductor provocó un bloqueo total del procedimiento, lo que encendió alarmas entre organizaciones defensoras de derechos humanos.
Los familiares explicaron que la menor pidió ayuda en su idioma porque se sintió alterada y no encontró forma de expresarse en español. Además, señalaron que la dependencia carece de personal capacitado para asistir a víctimas de pueblos originarios, situación que se repite desde hace años en las zonas serranas. Mientras tanto, activistas de Xicotepec y Huauchinango denunciaron este caso como un ejemplo extremo del abandono institucional que enfrentan las comunidades indígenas.
¿Cómo respondió el gobierno estatal?
El gobernador Alejandro Armenta reconoció públicamente la incapacidad de la fiscalía regional para atender a víctimas que no dominan el español. También afirmó que esta carencia afecta, sobre todo, a habitantes de pueblos originarios que intentan denunciar delitos graves. Por ello, pidió a la Fiscalía General del Estado (FGE) contratar abogados indígenas que trabajen dentro del Ministerio Público para evitar que situaciones como esta se repitan.
Además, el mandatario explicó que existen lugares como los Centros LIBRE y las Casas Carmen Serdán, donde sí hay traductores de lenguas originarias, aunque estos servicios solo operan en municipios como Zacatlán y Cuetzalan. Armenta informó que la fiscal Idamis Pastor solicitó un aumento presupuestal para sumar 100 nuevos Ministerios Públicos capaces de atender en los idiomas más hablados de la región.
¿Qué ocurre ahora con la menor y su familia?
Funcionarios de la FGE aclararon que, pese al caos inicial, la denuncia finalmente avanzó una vez que se consiguió un perito traductor de náhuatl. Sin embargo, el retraso generó enorme preocupación entre grupos feministas y colectivos indígenas, que calificaron el caso como una muestra del riesgo que viven víctimas que dependen de su lengua materna para describir agresiones.
Mientras tanto, la menor y su familia permanecen en el Centro LIBRE Casa Carmen Serdán, donde reciben resguardo, acompañamiento psicológico y asistencia legal. La comunidad exige justicia, atención digna y un sistema que realmente comprenda la diversidad lingüística del estado.