Espionaje, un rancho, Silvano Aureoles y Víctor Manuel Álvarez Puga: todo conectado
Espionaje, un rancho, Silvano Aureoles y Víctor Manuel Álvarez Puga: todo conectado.
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¿Qué conecta a Álvarez Puga con Aureoles?
Un contrato de espionaje firmado durante el gobierno de Silvano Aureoles en Michoacán abrió una nueva línea de investigación sobre los vínculos entre Víctor Manuel Álvarez Puga y exfuncionarios estatales. La relación salió a la luz tras revelarse que, meses después de ese acuerdo millonario, el abogado cedió los derechos de un rancho de lujo en Florida a un funcionario subordinado de la Secretaría de Finanzas que participó en la firma del contrato.
De acuerdo con registros oficiales del condado de Palm Beach, la transferencia ocurrió en agosto de 2022. El inmueble, ubicado en Wellington, una exclusiva zona ecuestre, pasó de una empresa ligada a Álvarez Puga a otra controlada por Luis Héctor Rodríguez Pérez, entonces funcionario del área jurídica de Finanzas en Michoacán. Años después, la propiedad se vendió por siete millones de dólares.
¿Cómo se realizó el traspaso del inmueble?
El cambio de propietario se efectuó mediante una cesión de derechos conocida como quitclaim deed, una figura legal que permite transferir una propiedad sin una compraventa tradicional ni rastro financiero. Este mecanismo, común en el sistema inmobiliario estadounidense, evitó registrar pagos o contraprestaciones visibles.
La propiedad había sido adquirida en 2019 por casi cinco millones de dólares y contaba con caballerizas, pista ecuestre, alberca techada y amplias áreas habitacionales. Antes de la cesión, el rancho funcionó como garantía hipotecaria para un crédito superior a cuatro millones de dólares, lo que ya había llamado la atención de autoridades y medios.
El contrato y la red de relaciones
El vínculo se refuerza por el contrato de espionaje otorgado en 2017 a Integra Software, empresa relacionada con el entorno de Álvarez Puga. El acuerdo, firmado por Carlos Maldonado Mendoza, entonces secretario de Finanzas, comprometió más de 34 millones de dólares para un sistema de monitoreo digital con tecnología de origen extranjero.
Investigaciones posteriores señalaron que el software correspondía al malware NightHawk, similar a plataformas usadas para vigilancia ilegal. Maldonado Mendoza hoy enfrenta procesos por peculado y lavado de dinero, mientras que Álvarez Puga mantiene una situación jurídica incierta en Estados Unidos. En conjunto, los hechos dibujan una trama de contratos públicos, bienes de lujo y transferencias opacas que siguen bajo escrutinio.
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