EU golpea finanzas desde activos digitales de organizaciones criminales mexicanas
EU golpea finanzas desde activos digitales de organizaciones criminales mexicanas.
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¿Por qué Washington cambia la estrategia?
El Departamento de Justicia de Estados Unidos intensificó su ofensiva contra las redes financieras de los cárteles mexicanos, al centrar sus investigaciones en los intermediarios del lavado de dinero y no solo en el tráfico de drogas. Esta estrategia busca debilitar a organizaciones que mantienen sus operaciones mediante esquemas financieros cada vez más complejos.
En ese contexto, cuatro acusados trasladados recientemente de México a Estados Unidos muestran cómo operan estas redes. Según fiscales estadounidenses, estos intermediarios recogen efectivo en distintas ciudades, lo ocultan y lo envían a los líderes criminales mediante criptomonedas y otros activos digitales. Así, los grupos criminales evitan controles bancarios tradicionales y reducen riesgos ante la vigilancia policial.
¿Cómo operan las redes de lavado?
Las autoridades explican que los intermediarios financieros coordinan la recolección de grandes sumas de dinero producto del narcotráfico. Luego, convierten el efectivo en activos digitales o lo mueven a través de sistemas financieros estadounidenses. A cambio, reciben una comisión, mientras el resto del dinero regresa a México para sostener las estructuras criminales.
Funcionarios del Departamento de Justicia sostienen que cortar estos flujos resulta clave. Desde su perspectiva, sin recursos financieros, los cárteles pierden capacidad operativa. Por ello, la División Criminal integró a fiscales especializados en narcóticos con expertos en lavado de dinero, con el fin de rastrear cada eslabón de estas operaciones.
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¿Qué pasa con las transferencias de acusados?
Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, México transfirió a más de 90 acusados de alto perfil vinculados con cárteles. Entre ellos figuran Eduardo Rigoberto Velasco Calderón, Eliomar Segura Torres, Manuel Ignacio Correa y César Linares Orozco, quienes enfrentan cargos por conspiración para lavar dinero en tribunales federales de Kentucky.
Estas entregas buscan fortalecer las investigaciones y abrir la puerta a nuevas acusaciones contra líderes criminales. Sin embargo, abogados y familiares de los acusados cuestionan la legalidad de los traslados y denuncian la ausencia de órdenes formales de extradición. El gobierno mexicano sostiene que actuó bajo criterios de seguridad nacional.
Mientras tanto, Washington mantiene la presión con un objetivo claro: debilitar los sistemas financieros que permiten a los cárteles seguir operando a ambos lados de la frontera.
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