Un mal estacionamiento destapa abuso
Un trámite común que reveló irregularidades
El tema de los cobros excesivos en corralones volvió a la conversación pública tras un hecho ocurrido el 27 de enero en Toluca, Estado de México. Ese día, alrededor de las 16:00 horas, autoridades municipales retiraron un vehículo por una infracción de estacionamiento en la vía pública. La falta existió y se reconoció desde el inicio. Sin embargo, el procedimiento posterior dejó al descubierto una serie de prácticas que hoy generan cuestionamientos sobre la transparencia y la supervisión de los servicios de arrastre y resguardo vehicular concesionados.
Primero, elementos de la Dirección de Seguridad Pública remitieron el automóvil a un depósito vehicular autorizado. Posteriormente, la persona propietaria acudió al Ayuntamiento de Toluca para iniciar el trámite de liberación. Aunque el primer intento ocurrió fuera del horario del corralón, al día siguiente el proceso administrativo avanzó de manera ágil. El personal municipal revisó documentos, validó la infracción y entregó el oficio de liberación correspondiente.
Montos sin explicación clara
Con el documento oficial, la persona afectada se presentó en el corralón asignado para recuperar su vehículo. En ese punto surgió el principal conflicto. El personal informó un monto total de 3,563.91 pesos para la liberación del automóvil. Al solicitar un desglose de los conceptos cobrados, la respuesta fue que el sistema determinaba esa cifra y que no existía un documento detallado para el usuario.
Además, el establecimiento restringió las formas de pago. No aceptó tarjeta bancaria y solo permitió efectivo o transferencia electrónica en un horario limitado. Esa condición dificultó el proceso, ya que el trámite de liberación se realizó en paralelo en oficinas municipales. Tampoco se entregaron recibos con conceptos individualizados ni comprobantes que permitieran verificar cada cobro.
Diferencias frente al tabulador oficial
La Secretaría de Movilidad del Estado de México cuenta con tarifas públicas para servicios de grúa y depósito vehicular. Dichos tabuladores establecen montos específicos por banderazo, arrastre por kilómetro y pensión diaria en corralón. En este caso, el traslado fue breve y el vehículo permaneció solo un día en resguardo.
Aun así, el monto solicitado superó ampliamente el cálculo estimado con base en la normativa vigente. Cuando la persona usuaria pidió una explicación por esta diferencia, el personal reiteró que el pago resultaba obligatorio para recuperar el automóvil, sin ofrecer mayor información técnica o administrativa.
Trato y condiciones al usuario
Durante la espera, la persona afectada permaneció varias horas en el sitio sin contar con espacios adecuados para atención al público. En ese lapso, llegaron otros conductores con situaciones similares, quienes también señalaron cobros elevados y falta de información clara. La coincidencia de testimonios reforzó la percepción de un problema estructural más que de un caso aislado.
Llamado a revisión y supervisión
Finalmente, tras realizar el pago exigido y después de consultas con instancias como PROFECO y SEMOVI, el vehículo fue entregado. El caso deja una preocupación central: la necesidad de fortalecer la supervisión de los servicios concesionados, garantizar el respeto a los tabuladores oficiales y asegurar que las personas usuarias reciban información clara, comprobantes desglosados y un trato adecuado.
Esta denuncia ciudadana no busca eludir una infracción de tránsito. Busca visibilizar prácticas que impactan de forma directa en el bolsillo de la población y que requieren atención institucional para asegurar legalidad, transparencia y confianza en el servicio público.