“Mi hijo es inocente”: piden amnistía para preso acusado de intento de magnicidio contra Nicolás Maduro
“Mi hijo es inocente”: piden amnistía para preso acusado de intento de magnicidio contra Nicolás Maduro
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La defensa de Robert Villamarín denuncia irregularidades, falta de pruebas y un encarcelamiento que ya acumula casi tres años sin juicio
La barbarie de la persecución política y el uso del sistema penal como arma de control continúan dejando una estela de dolor y espanto en Venezuela. Robert Villamarín Pacheco, un ingeniero de 39 años que regresó temporalmente a su país natal tras haber migrado a Chile, se encuentra atrapado en el andamiaje penitenciario del Estado. Acusado sin pruebas concluyentes de participar en el intento de magnicidio con drones contra Nicolás Maduro en 2018, su caso visibiliza la fuerza destructiva de los montajes judiciales y la parálisis de los tribunales que perpetúan la impunidad de las violaciones a los derechos humanos.
De la fila del pasaporte a las mazmorras del Estado
El ingeniero civil acudió a renovar sus documentos de identidad y jamás pudo salir
Posteriormente a su migración en 2016 hacia territorio chileno en busca de mejores condiciones de vida, Robert decidió volver a finales de julio de 2023 a San Cristóbal, estado Táchira. El propósito de su viaje era netamente familiar y administrativo: visitar a su madre y actualizar sus documentos de identidad nacionales.
Inmediatamente tras ingresar de forma legal por la frontera terrestre —donde las autoridades sellaron su pasaporte sin emitir alertas—, el ingeniero renovó sin contratiempos su cédula de identidad y su licencia de conducir. El calvario comenzó cuando se trasladó a las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en el estado Mérida para tramitar su nuevo pasaporte:
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La Retención: En las oficinas del Saime se le notificó que el sistema arrojaba una restricción, pidiéndole regresar en un lapso de 48 horas.
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La Captura: El 2 de agosto de 2023, al volver a la sede gubernamental para conocer el estatus de su trámite, Robert fue arrestado de manera sorpresiva por los cuerpos de seguridad.
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La Contradicción: Su madre, la señora Rosario Pacheco, cuestiona la veracidad de los cargos: “Si mi hijo realmente tuviera una orden de captura por un hecho de esa magnitud, ¿se iba a meter él mismo en la boca del lobo por sus propios medios? No lo detuvieron al entrar al país porque no había nada real en su contra”.
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Una transferencia fantasma como única base de la acusación
Abogados defensores señalan que la jueza del caso mantiene el proceso bajo opacidad absoluta
La ejecución de la imputación formal contra Villamarín Pacheco lo vincula directamente con los eventos del 4 de agosto de 2018, fecha en la que dos drones con cargas explosivas detonaron cerca de la tarima presidencial en la avenida Bolívar de Caracas. Los delitos que se le imputan son asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.
Por otro lado, la defensa legal del ingeniero ha manifestado que el expediente carece de sustento científico o bancario. La fiscalía fundamenta la acusación en una presunta transferencia realizada desde una cuenta nacional por la cantidad de 70 millones de bolívares (equivalentes a menos de 20 dólares en el mercado paralelo de la época) a nombre de Yenni Fabiana Pernía, otra de las procesadas en la causa. Los litigantes denuncian que en el sumario no existe una sola prueba física o digital que demuestre que dicha transacción fue realizada por Robert, e insisten en que el retraso en la apertura del juicio viola flagrantemente los lapsos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal.
Sin Nexos Políticos: La familia de Robert aclaró que no pertenecen a ninguna organización partidista o de oposición. “Nosotros somos miembros activos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día; nos mantenemos completamente al margen de la política”, puntualizó la señora Rosario.
El desgaste familiar y la negativa a los beneficios procesales
El caso se encuentra bajo la jurisdicción de un tribunal acusado de operar como brazo represivo
A pesar del profundo rediseño del panorama político nacional tras los operativos militares internacionales de principios de año y la conformación de un nuevo orden institucional bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez —que derivó en la excarcelación de miles de ciudadanos—, colectivos de derechos humanos estiman que aún persisten más de 400 presos políticos en el país.
El expediente de Robert se mantiene retenido en el despacho de la jueza Alejandra Romero, señalada por la sociedad civil por avalar sentencias de alta gravedad y de haber bloqueado inicialmente los recursos de amnistía dictados por el nuevo ejecutivo. Los abogados de la defensa han elevado el caso ante la Corte de Apelaciones, la cual ha guardado un silencio sistemático durante las últimas semanas.
Actualmente, Robert permanece confinado en el Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda, a más de 860 kilómetros de distancia del hogar de su madre. La señora Rosario, quien padece de complicaciones severas de salud y requiere una intervención quirúrgica, debe abordar hasta cinco unidades de transporte público para llevarle agua y alimentos esenciales a su hijo debido a las precarias condiciones internas del penal.
Finalmente, este 29 de mayo de 2026, la familia se aferra a las campañas internacionales de visibilización y a sus convicciones de fe para lograr una revisión transparente de la causa. Esta dolorosa historia confirma que el desmantelamiento de las estructuras de persecución judicial heredadas en el país requiere de una auditoría exhaustiva e independiente, asegurando que los ciudadanos inocentes que retornan a su patria no sigan pagando los costos de las viejas dinámicas de criminalización estatal.
No te vayas sin ver este video:
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— Nota Roja Mx (@NotaRoja_Mx) May 29, 2026
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