Acusan empresa amoniaco Topolobampo

Acusan a empresa de amoniaco de incitar a la confrontación en Topolobampo

Acusan a empresa de amoniaco de incitar a la confrontación en Topolobampo.

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Indígenas acusan a GPO de usar a obreros como escudos sociales

El conflicto socioambiental en el noroeste de México escala a niveles críticos de tensión internacional. Miembros de la etnia mayo-yoreme mantienen un plantón pacífico en el estado de Sinaloa. Los manifestantes denunciaron formalmente que la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) busca fracturar el tejido social local. El consorcio suizo-alemán Proman coordina este polémico megaproyecto industrial.

Alerta comunitaria ante riesgo de confrontación social en Topolobampo

La directiva empresarial convocó a sus empleados a una movilización masiva para el próximo domingo. El argumento corporativo señala que las protestas indígenas ponen en riesgo directo tres mil empleos. Sin embargo, el colectivo civil ¡Aquí No! calificó esta acción como una estrategia de intimidación directa. Los pobladores originarios defienden un ecosistema protegido desde hace trece años debido a su alta biodiversidad marina.

Felipe Montaño, gobernador tradicional indígena de Ohuira, manifestó una profunda preocupación internacional por estas medidas. El líder nativo alertó que la multinacional pretende generar una abierta confrontación social en Topolobampo para deslegitimar la resistencia pacífica. Además, criticó la inacción institucional de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tras suspenderse las mesas técnicas de diálogo.

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Trabajadores rechazan ser usados ante la confrontación social en Topolobampo

La situación legal del proyecto se tornó compleja debido a recursos jurídicos interpuestos por la compañía. Autoridades ambientales mexicanas notificaron que GPO obtuvo un amparo legal definitivo. Esta medida judicial impide realizar inspecciones de verificación en el polígono donde se edifica la planta de amoniaco. Dicha restricción incrementa la incertidumbre jurídica y el malestar de las comunidades tradicionales.

Por otra parte, obreros foráneos contratados para la construcción denunciaron presiones internas por parte de los directivos. Diversos testimonios confirman que el personal es contactado vía telefónica para asistir obligatoriamente a la marcha. Los trabajadores expresaron su rechazo a ser utilizados como escudos humanos en este litigio territorial. Exigen que la corporación trasnacional asuma sus responsabilidades financieras y proceda con las liquidaciones conforme a la legislación vigente.

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