¿Falso decomiso? FGR indaga si el millonario aseguramiento en Guanajuato es huachicol
¿Por qué la Fiscalía mantiene abierta la investigación?
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El aseguramiento de combustible más grande en la historia reciente de Guanajuato continúa bajo la lupa judicial tras generarse severas dudas sobre la legalidad del hidrocarburo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la investigación sobre los 59 millones de litros incautados no está cerrada. Por consiguiente, la Fiscalía General de República mantiene bajo revisión minuciosa los permisos de la empresa Gas Natural del Noroeste, filial de Grupo Simsa, para verificar la procedencia legal del producto. La mandataria federal precisó que únicamente los peritajes finales determinarán si el caso corresponde al comercio ilícito de petrolíferos o a un error administrativo de la compañía.
El escándalo escaló tras especularse sobre el posible cese del delegado de la institución en la entidad debido a presuntas inconsistencias procesales durante los primeros operativos. No obstante, las autoridades federales optaron por guardar hermetismo respecto al estatus del funcionario local. Ante la complejidad del caso, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada atrajo formalmente el expediente para evitar la manipulación de las evidencias y deslindar las responsabilidades penales correspondientes.
El origen del operativo y la postura empresarial
El despliegue de las fuerzas federales inició a principios de septiembre tras la detención de un individuo que descargaba diésel de procedencia dudosa en Dolores Hidalgo. De manera inmediata, los agentes ejecutaron un cateo en la terminal de San José Iturbide, donde ubicaron los contenedores con el volumen masivo de hidrocarburo. Sin embargo, la corporación no catalogó el producto como robado desde un inicio, sino que reportó la falta de documentación que acreditara la compra legal.
¿Qué argumenta la compañía sobre el hidrocarburo?
Por su parte, los voceros de Grupo Simsa rechazaron categóricamente las acusaciones de contrabandear combustible apócrifo y sostienen que la terminal opera dentro del marco legal. La firma privada argumenta que el producto pertenece a clientes particulares y que la instalación funciona normalmente. Asimismo, la defensa legal entregó la documentación fiscal requerida ante el Ministerio Público Federal para esclarecer las inconsistencias. Finalmente, el personal pericial continuará con la inspección de los tanques hasta emitir la resolución definitiva del caso.
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