UIF bloquea cuentas de Taddei y proveedores del INE
¿A quiénes alcanza la medida?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a 40 personas y empresas a su Lista de Personas Bloqueadas, entre ellas la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, y compañías vinculadas con proveedores de materiales electorales.
La medida incluye a 25 personas físicas y 15 empresas. Entre estas últimas aparecen Cajas Graf y Formas Finas, compañías propiedad de Raymundo Alfredo Hernández Casillas, relacionadas con contratos otorgados por el organismo electoral.
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, los análisis financieros detectaron operaciones que presentan elementos de riesgo y requieren revisión por parte de las autoridades competentes.
El bloqueo tiene carácter preventivo y administrativo. Por sí mismo, no representa una sentencia ni demuestra que las personas o empresas involucradas hayan cometido algún delito.
¿Qué relación tienen las empresas con el INE?
El caso se relaciona con contratos para producir materiales electorales, incluidos los destinados a la elección extraordinaria del Poder Judicial de 2025.
Las investigaciones también revisan posibles vínculos entre personas cercanas a Taddei y compañías que recibieron contratos del INE. Entre los nombres mencionados aparece Jonathan Navarrete Torres, identificado como chofer y persona de confianza de la exconsejera, quien también habría figurado como apoderado legal de una de las empresas proveedoras.
Las autoridades buscan establecer si esas relaciones influyeron en los procesos de contratación y en el movimiento de los recursos públicos.
El caso tomó relevancia después de que se solicitaran auditorías a contratos del organismo y de que tres funcionarios relacionados con la administración de Taddei y un contratista presentaran su renuncia.
¿Qué sigue en la investigación?
La UIF informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue las operaciones financieras y determine si existen posibles responsabilidades.
Mientras la UIF analiza movimientos de dinero y aplica medidas administrativas, corresponde a la Fiscalía investigar si los hechos constituyen delitos.
Las personas incluidas en la lista pueden recurrir a los mecanismos de defensa y ejercer su derecho de audiencia conforme a la legislación.
Por ahora, no existe una resolución que establezca responsabilidad penal de Taddei o de las empresas señaladas. La investigación deberá determinar el origen y destino de los recursos, así como la legalidad de las operaciones bajo revisión.