Crisis en Oaxaca: violencia, corrupción y descontento social
Crisis en Oaxaca: violencia, corrupción y descontento social
Crece el descontento contra el gobierno de Salomón Jara
Con poco más de dos años en el poder, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, enfrenta una creciente oposición dentro de una sociedad altamente politizada. Diversos sectores han manifestado su inconformidad debido a la aplicación de medidas impopulares, el aumento de la delincuencia, la falta de medicamentos en hospitales y la proliferación de casos de corrupción y nepotismo dentro de su administración.
La indignación ha llevado a la organización de un movimiento que busca promover la revocación de mandato en 2026, cuando se cumplirá la mitad de su periodo gubernamental.
Violencia y desapariciones en aumento
La inseguridad en Oaxaca ha escalado de manera alarmante. De acuerdo con la estadística mensual de la Fiscalía General del Estado, 697 personas sufrieron desaparición forzada por particulares en lo que va de 2024. Solo en enero de este año, se registraron 69 homicidios.
La delincuencia no distingue sectores y afecta incluso al propio gobierno. El 6 de febrero, el equipo de coordinación de giras del gobernador sufrió un intento de asalto cerca de Ayotzintepec. A esto se suma la creciente preocupación por los feminicidios y los ataques en pleno centro de la capital oaxaqueña.
Proyectos impuestos y control de sindicatos
La imposición de proyectos estatales sin consenso también ha generado fricciones con la población. Un ejemplo claro es la construcción de un basurero de tres hectáreas en Xoxocotlán, obra controlada y vigilada por el sindicato Catem Joven y sus grupos de choque.
Nepotismo y redes de poder
La administración de Jara Cruz también ha sido señalada por nepotismo. Su hermano Noé Jara ejerce un fuerte control sobre el ayuntamiento de la capital, por encima del alcalde Raymundo Chagoya. Además, su hija mayor, Shunaxhi Nabaany, fue recientemente designada como delegada del Infonavit en el estado.
Vínculos con el crimen organizado
Diversas organizaciones sociales y actores políticos han denunciado la presunta vinculación de funcionarios estatales con el crimen organizado. Benjamín Robles Montoya, delegado del Partido del Trabajo en Oaxaca, ha acusado directamente a Antonino Morales Toledo, senador de Morena y aspirante a la gubernatura en 2028, de mantener relaciones con grupos delictivos. La Unidad de Inteligencia Financiera ya había congelado sus cuentas en 2020 por sospechas de estos nexos.
En junio pasado, Robles Montoya calificó al gobernador como “criminal” y lo señaló de financiar la campaña del PVEM en la capital con recursos del huachicol.
El crimen organizado como poder político
Carlos Daniel Lara Juárez, del Frente Popular Revolucionario, advierte que Oaxaca es el claro ejemplo de cómo el crimen organizado se ha convertido en un poder político y económico legal, con influencia sobre alcaldías, diputaciones y hasta el Senado.
Alejandro Cruz, de Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (Oidho), señala que, a diferencia de hace una década, cuando existía cierto control en la seguridad, ahora el estado está completamente rebasado y dominado por estructuras criminales.
El colapso de la educación y su vínculo con la delincuencia
El sector educativo también está en crisis. El profesor Rogelio Vargas Garfias, de la Sección 22 del SNTE, denuncia que el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo), Emilio Montero Pérez, tiene antecedentes preocupantes. Como exalcalde de Juchitán, uno de los municipios más violentos del estado, es señalado como socio de Antonino Morales Toledo, quien ahora representa al Senado en el Corredor Interoceánico.
Según Vargas Garfias, el Ieepo es una institución corrupta donde los recursos destinados a las escuelas son desviados para comprar conciencias y mantener estructuras de poder.
Oaxaca, un estado al borde del colapso
Con el crecimiento de la violencia, las denuncias de corrupción y la presunta injerencia del crimen organizado en las estructuras de gobierno, Oaxaca enfrenta uno de los momentos más críticos de su historia reciente. A medida que el descontento social aumenta, el futuro político de Salomón Jara Cruz y su administración se torna cada vez más incierto.