Exsecretario habría construido negocio inmobiliario mientras ejercía el cargo
Exsecretario de Finanzas de Sinaloa en la mira por millonario negocio
Un presunto conflicto de interés sacude a Rubén Rocha Moya, luego de que se revelara que su exsecretario de Finanzas, Enrique Alfonso Díaz Vega, habría obtenido permisos para construir fraccionamientos mientras ocupaba el cargo público.
Las ventas estimadas de estos desarrollos inmobiliarios alcanzarían los 975 millones de pesos, lo que ha encendido las alertas por posibles irregularidades.
Construyó mientras era funcionario
Durante su gestión entre 2021 y 2024, Díaz Vega habría mantenido el control de la empresa Housesin Desarrollos S.A. de C.V., a pesar de haber declarado que ya no tenía participación en ella.
Documentos del Registro Público de Comercio revelan que:
- Seguía siendo accionista
- Fue presidente del Consejo de Administración
- También fungía como apoderado legal
Esto contradice su declaración patrimonial.
Permisos firmados desde el poder
Uno de los casos más relevantes ocurrió en 2022, cuando el propio exfuncionario firmó la solicitud para construir 78 viviendas en el fraccionamiento Portabelo, en Culiacán.
Poco después, la entonces subsecretaria autorizó el proyecto.
En 2023, se aprobó otro desarrollo:
- Portalegre Sección Estates IV
- 244 viviendas
- Precios entre 3.9 y 4.2 millones de pesos
Ganancias millonarias bajo sospecha
Sumando ambos proyectos, la empresa habría comercializado:
- 322 viviendas
- Con ingresos cercanos a 975 millones de pesos
El cálculo considera distintos rangos de precios en el mercado inmobiliario.
EU lo vincula con el crimen organizado
El caso escala aún más tras señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Según la acusación, Díaz Vega y otros funcionarios:
- Habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa
- Actuado como enlaces con “Los Chapitos”
- Proporcionado información de opositores políticos
También se menciona a Enrique Inzunza dentro de estas acusaciones.
¿Conflicto de interés o delito?
De acuerdo con la Ley de Responsabilidades Administrativas de Sinaloa, un funcionario incurre en conflicto de interés cuando:
- Obtiene beneficios personales
- Usa su cargo para favorecer negocios propios
Especialistas advierten que este caso podría encajar incluso en tráfico de influencias, una falta grave.
Opacidad en declaraciones patrimoniales
Otro punto crítico es que Díaz Vega:
- No declaró su participación activa en la empresa
- Aumentó sus acciones hasta 25 millones de pesos
- Continuó con cargos dentro de la compañía mientras era funcionario
Nadie lo investigó
A pesar de las irregularidades, no hubo investigación por parte de la Contraloría estatal.
Expertos señalan que también podría haber responsabilidad en funcionarios que autorizaron los permisos sin reportar posibles anomalías.
El caso sigue creciendo
Incluso después de dejar el cargo, la empresa continuó tramitando nuevos permisos en 2026 para más desarrollos inmobiliarios.
El caso abre un debate fuerte sobre:
- Corrupción
- Uso del poder
- Falta de vigilancia institucional]
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