¡Injusticia indígena! Condenan a campesinos tseltales a 80 y 50 años de cárcel en Chiapas bajo denuncias de delitos fabricados
¡Injusticia indígena! Condenan a campesinos tseltales a 80 y 50 años de cárcel en Chiapas bajo denuncias de delitos fabricados
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Rogelio y Mario Guzmán López cumplen sentencias de pesadilla en Ocosingo; familiares acusan que el sistema judicial los incriminó por su origen étnico y les exigió miles de pesos de soborno
La barbarie de la discriminación institucional y la manipulación del sistema de justicia han vuelto a ensañarse con las comunidades originarias del sur del país, sembrando el espanto y la total indefensión entre las familias trabajadoras. Dos hermanos pertenecientes a la etnia tseltal, dedicados enteramente a las labores agrícolas, enfrentan condenas que prácticamente equivalen a una cadena perpetua en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 8 de Ocosingo, Chiapas. La fuerza destructiva de un proceso penal plagado de irregularidades sepultó la libertad de Rogelio y Mario Guzmán López, acusados de un secuestro que sus allegados afirman jamás cometieron.
El calvario legal: Detenciones con años de diferencia y un proceso a ciegas
Los hermanos indígenas fueron procesados sin derecho a un intérprete y bajo un total hermetismo
Rogelio fue detenido en el año 2022 en Cancún, Quintana Roo, señalado por participar en un supuesto secuestro ocurrido en el municipio de Yajalón en agosto de 2017. Por otro lado, la ejecución de la misma orden de aprehensión alcanzó a su hermano Mario en marzo de 2025, tras un aparatoso operativo militar. Posteriormente a los juicios, los tribunales locales dictaron sentencias demoledoras: 80 años de prisión para Rogelio y 50 años para Mario.
Inmediatamente, sus familiares, encabezados por el señor Cipriano Gómez Arcos, recurrieron al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) para denunciar que el caso es una vil fabricación de culpables, sostenida por las siguientes anomalías:
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Sin Acceso a las Carpetas: Los defensores de oficio y las autoridades ministeriales se han negado sistemáticamente a entregar copias de las carpetas de investigación a la familia, obligándolos a litigar a ciegas.
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Violación a Derechos Étnicos: A pesar de ser hablantes de la lengua tseltal, a Rogelio se le negó el derecho constitucional de contar con un intérprete y traductor calificado durante las audiencias críticas.
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Contradicciones de la Víctima: Los allegados aseguran que el propio denunciante, Juan “N”, declaró ante el tribunal que Mario no tuvo ninguna participación en los hechos, e incurrió en severas contradicciones sobre la vestimenta que portaba Rogelio.
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Pruebas de Audio Irregulares: Los testimonios clave, como el del médico legista que validó las supuestas lesiones de la víctima, se incorporaron mediante simples audios sin que el especialista compareciera físicamente para ser contrainterrogado.
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Extorsión y miseria: Exigen montos impagables para frenar el encarcelamiento
Doce menores de edad quedan en el desamparo y la precariedad alimentaria tras las sentencias
La tragedia carcelaria viene acompañada de un descarado acoso económico por parte de actores del sistema penal. Cipriano Gómez Arcos denunció públicamente que las mafias judiciales intentaron lucrar con su vulnerabilidad: “Nos pidieron 200 mil pesos para que Rogelio no entrara a la cárcel y luego 300 mil pesos para gestionar la libertad de Mario. Nos prometen que quedarán libres, pero para nosotros eso es imposible de pagar”.
“Estoy cansado. Ya no tengo cabeza para esto, no encuentro salida. Por eso sigo tocando puertas… Ellos no deben nada, pero están pagando muy caro”. — Cipriano Gómez Arcos, suegro de los detenidos.
El impacto social en el entorno familiar es devastador. Rogelio es padre de 12 hijos (seis menores de edad) y Mario tiene seis (cuatro menores). La falta del sustento económico de los labriegos ha sumido a los niños en la precariedad alimentaria, obligando a varios de ellos a abandonar sus estudios de forma definitiva. A esto se suman las crisis de salud internas: Rogelio sufrió una parálisis facial tras su captura y Mario requiere atención neurológica por una vieja lesión craneal.
Actualmente, el caso se encuentra bajo la lupa de organismos civiles defensores de los derechos humanos en San Cristóbal de Las Casas. Enseguida, la familia de los sentenciados envió una carta formal solicitando la intervención directa del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, exigiendo una mesa de revisión técnica de los expedientes para frenar este atropello.
Finalmente, este 5 de junio de 2026, la realidad penitenciaria de Chiapas vuelve a exhibir estadísticas alarmantes. De acuerdo con datos del Inegi, el 43.9 por ciento de las personas recluidas en el país afirma haber sido acusada falsamente de un delito. Este doloroso escenario confirma que la justicia en las regiones indígenas sigue siendo una asignatura pendiente, donde la pobreza y la falta de una defensa adecuada perpetúan la impunidad de los verdaderos criminales mientras los campesinos pagan con sus vidas el costo de las cuotas de captura del Estado
No te vayas sin ver este video:
🚨🚴♂️ Indignación en la CDMX. Un automovilista que viajaba en una camioneta de lujo agredió físicamente a un ciclista 😳⚠️ El hecho quedó registrado y ha generado numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios exigen que las autoridades investiguen lo ocurrido. pic.twitter.com/g9rd3eRkAj
— Nota Roja Mx (@NotaRoja_Mx) June 5, 2026
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