178 periodistas asesinados en México desde el año 2000: Artículo 19 advierte sobre la crisis de libertad de expresión
178 periodistas asesinados en México desde el año 2000: Artículo 19 advierte sobre la crisis de libertad de expresión
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México se mantiene como uno de los entornos más hostiles para el periodismo a nivel mundial. Según el informe más reciente de Artículo 19, la cifra histórica de comunicadores asesinados en el país ha alcanzado los 178 casos desde el año 2000. Esta cifra incluye el trágico fallecimiento de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, hallada sin vida tras permanecer desaparecida en Veracruz.
¿Dónde es más peligroso ejercer?
La violencia contra la prensa presenta una distribución geográfica desigual. Veracruz concentra el mayor número de víctimas, seguido de entidades con niveles de riesgo muy elevados:
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Veracruz: 34 víctimas.
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Guerrero: 19 víctimas.
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Chihuahua, Oaxaca y Tamaulipas: 15 víctimas cada una.
En contraste, estados como Aguascalientes, Campeche, Colima, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán destacan como las únicas entidades que no registran agresiones mortales contra comunicadores en este periodo de 26 años.
Análisis por sexenios
El informe muestra que la violencia ha persistido a través de distintas administraciones federales:
| Administración | Periodistas asesinados |
| Felipe Calderón | 48 |
| Enrique Peña Nieto | 47 |
| Andrés Manuel López Obrador | 47 |
| Vicente Fox | 22 |
| Claudia Sheinbaum | 11 |
| Ernesto Zedillo | 3 |
Nota: Del total de víctimas, el 93% han sido hombres y el 7% mujeres.
Los años más críticos
Aunque la violencia ha sido una constante, ciertos años han registrado niveles de agresividad sin precedentes:
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2022: 13 asesinatos (el año más letal).
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2017: 12 asesinatos.
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2016: 11 asesinatos.
El llamado a la justicia
Tras la actualización de estas cifras, Artículo 19 reiteró su exigencia de justicia y verdad. La organización enfatiza que la impunidad es el factor determinante que perpetúa las agresiones. Mientras el gremio periodístico en México continúa informando, la demanda de garantías reales para el ejercicio de su labor sigue siendo una deuda pendiente del Estado.
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