Interpol desactiva la ficha roja contra Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga

¿Por qué la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la medida internacional?

La presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia de prensa matutina que la organización Interpol retiró las fichas rojas interpuestas contra la presentadora Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga. Durante su mensaje, la mandataria calificó a ambos como “factureros reconocidos” y criticó severamente la cancelación del boletín de búsqueda internacional que facilitaba su localización en el extranjero.

Ante esta situación, la jefa del Ejecutivo federal adelantó que solicitará de manera formal el restablecimiento de las fichas rojas, al recordar que existen expedientes judiciales vigentes en el país. Por lo tanto, el gobierno mexicano buscará que las instancias internacionales colaboren nuevamente en la localización de la pareja para que enfrente a la justicia nacional.

¿De qué delitos acusa la Fiscalía General de la República a la pareja?

La Fiscalía General de la República mantiene vigentes órdenes de aprehensión contra la conductora y el litigante por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las indagatorias de las autoridades judiciales señalan que la pareja habría encabezado una amplia red de empresas factureras utilizadas para el desvío de fondos públicos.

Según las investigaciones del Ministerio Público Federal, la estructura financiera utilizada por los imputados simuló operaciones por miles de millones de pesos mediante contratos irregulares. En consecuencia, las autoridades mantendrán las gestiones diplomáticas y legales para lograr la captura de ambos implicados pese a las resoluciones emitidas por los organismos internacionales.

¿Qué acciones emprenderán las instituciones judiciales mexicanas?

Posteriormente al anuncio presidencial, la fiscalía continuará coordinando esfuerzos con las instancias internacionales para fundamentar la solicitud de reactivación de las alertas de rastreo. Las autoridades mexicanas confían en que la aportación de nuevas pruebas sobre el esquema de lavado permita reactivar los mecanismos de cooperación policial en los próximos días.

Por su parte, los representantes legales de la pareja sostienen que han promovido juicios de amparo para demostrar la invalidez de las acusaciones vertidas por los órganos fiscalizadores. Sin embargo, el Gobierno de México reiteró que no habrá impunidad en casos relacionados con la evasión fiscal masiva y el uso indebido de recursos públicos.