Jueza reclasifica delito contra exfuncionarios acusados de extorsionar verificentros
Jueza reclasifica delito contra exfuncionarios acusados de extorsionar verificentros
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Caso de presunta red de extorsión en Edomex continúa bajo investigación
Dos exfuncionarios de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México recuperaron su libertad tras una resolución judicial que modificó los cargos en su contra. El caso de extorsión a verificentros en el Edomex cambió de rumbo luego de que una jueza reclasificara el delito de extorsión como abuso de autoridad. Raúl Piña Horta y Carlos Eduardo Solares Vega fueron detenidos en agosto de 2026. Las autoridades los señalaron por su presunta participación en una red que habría exigido pagos a propietarios de centros de verificación vehicular. Durante una audiencia de más de ocho horas, la jueza Sandra Isabel Cortés, del distrito judicial de Chalco, determinó que el Ministerio Público no acreditó suficientemente el delito de extorsión. Por ello, los acusados admitieron su responsabilidad por abuso de autoridad y accedieron a un procedimiento abreviado. La sentencia estableció una pena de un año y cuatro meses de prisión, conmutable mediante el pago de una garantía de cinco mil pesos. Según la información proporcionada, sus abogados cubrieron el monto y ambos recuperaron su libertad.
Resolución judicial y sanciones administrativas
Además de la condena, la jueza ordenó la destitución de ambos exfuncionarios y su inhabilitación para ocupar cargos públicos durante diez años. También deberán presentarse mensualmente ante el Centro de Medidas Cautelares y tienen prohibido acercarse a las víctimas. De acuerdo con la Fiscalía estatal, la reclasificación ocurrió después de recibir testimonios de propietarios de verificentros. Estos declararon que ya operaban sin problemas y que no recibían exigencias de pagos ilegales, según el reporte. La investigación inicial señalaba que la presunta red habría operado desde diciembre de 2023. El esquema supuestamente incluía cobros periódicos, pagos extraordinarios por permisos y exigencias vinculadas con las líneas de verificación.
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Investigación por presunta extorsión a verificentros continúa abierta
Según las indagatorias citadas en el reporte, algunas exigencias habrían alcanzado los 500 mil pesos por cada línea de verificación. La Fiscalía calculó que el monto potencial de los cobros podría superar los 430 millones de pesos. La investigación también describió presuntas restricciones operativas contra establecimientos que se negaban a pagar. Entre ellas figuraban bloqueos de sistemas y limitaciones en la entrega de hologramas. Estas acusaciones corresponden a la investigación inicial y no deben confundirse con los hechos acreditados en la sentencia. La Fiscalía indicó que la resolución no cierra el expediente y que las investigaciones podrían continuar para identificar a otras personas involucradas. Por tanto, todavía deberá esclarecerse si existieron más participantes y qué responsabilidades podrían acreditarse. El caso mantiene la atención sobre los mecanismos de supervisión de los verificentros y el funcionamiento de las dependencias ambientales estatales. ¿Qué medidas de transparencia y vigilancia ayudarían a prevenir posibles abusos de autoridad en estos servicios públicos?
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