Tribunal confirma discriminación de los Legionarios de Cristo contra sacerdote con VIH
Tribunal federal confirma discriminación de los Legionarios de Cristo contra sacerdote con VIH
Un tribunal federal confirmó que los Legionarios de Cristo discriminaron al sacerdote José Guadalupe después de conocer su diagnóstico de virus de inmunodeficiencia humana (VIH). La resolución ordena emitir una nueva sentencia que reconozca el daño moral que sufrió el religioso, reduzca la sanción económica contra la congregación y absuelva a uno de sus exdirectivos.
El fallo del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil obliga al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a revisar la resolución del caso, sin modificar la determinación de que existió un acto de discriminación.
El litigio se prolonga desde hace casi nueve años y se originó por las circunstancias en las que el sacerdote afirma que fue sometido a una prueba de VIH, así como por las medidas que, según su demanda, enfrentó después de conocerse el resultado.
¿Cómo comenzó el caso del sacerdote José Guadalupe?
El conflicto se remonta a 2015, cuando José Guadalupe presentó complicaciones médicas y fue hospitalizado. Durante su atención se le practicaron diversos estudios, incluida una prueba de VIH.
Según el relato del sacerdote, los resultados fueron comunicados a sus superiores antes de que él recibiera la información y el examen se realizó sin su consentimiento.
Después de que la congregación conoció su diagnóstico, el religioso denunció que comenzaron las restricciones a sus actividades sacerdotales y que perdió distintos apoyos económicos y académicos.
Entre las medidas que señaló en su demanda se encuentran:
- Amonestaciones canónicas por supuestos actos de desobediencia.
- La solicitud de suspensión de sus licencias sacerdotales ante la Arquidiócesis de México.
- La cancelación de su ayuda económica mensual.
- La pérdida de su seguro de gastos médicos mayores.
- La retirada de una beca para cursar estudios de posgrado en la Universidad Anáhuac.
El sacerdote sostuvo que estas acciones estuvieron relacionadas con su diagnóstico y constituyeron actos de discriminación.
Las opciones que, según el sacerdote, le plantearon sus superiores
En su relato sobre el conflicto, José Guadalupe afirmó que sus superiores le ofrecieron dos alternativas: ingresar a un centro de “readaptación” ubicado en Guadalajara o renunciar al sacerdocio a cambio de una compensación económica y la posibilidad de concluir sus estudios.
El religioso rechazó ambas opciones y decidió emprender acciones legales contra los Legionarios de Cristo y la doctora que, según su denuncia, le practicó la prueba sin autorización.
El caso llegó a los tribunales civiles para determinar si existieron actos de discriminación y daño moral, además de establecer las posibles responsabilidades de los involucrados.
¿Qué resolvieron los tribunales?
En 2017, el sacerdote inició un juicio civil contra la Arquidiócesis Primada de México, los Legionarios de Cristo y la médica que le realizó el examen.
La primera resolución judicial desestimó la demanda y absolvió a los demandados. Sin embargo, José Guadalupe apeló el fallo.
El 27 de noviembre de 2024, la Séptima Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México revocó esa determinación y ordenó el pago de una compensación económica.
Posteriormente, los Legionarios de Cristo y la Iglesia promovieron un amparo. Al resolverlo, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil estableció que debe emitirse una nueva sentencia que mantenga el reconocimiento de la discriminación y del daño moral, pero ajuste las consecuencias económicas y absuelva a uno de los exdirectivos.
¿Qué sigue para los Legionarios de Cristo y el sacerdote?
La resolución obliga al tribunal capitalino a dictar una nueva sentencia conforme a los criterios establecidos por el órgano federal.
Esto significa que deberá mantenerse el reconocimiento judicial de la discriminación contra José Guadalupe, pero revisarse la sanción económica y la responsabilidad atribuida al exdirectivo que será absuelto.
El caso pone de relieve la importancia del consentimiento informado, la confidencialidad de los datos médicos y la protección contra la discriminación por motivos de salud.
La nueva resolución determinará los términos concretos de la reparación del daño y las responsabilidades que subsistan dentro del litigio.